(San Pablo, 31 de octubre de 2025) – La policía no ha tomado medidas de investigación cruciales para determinar las circunstancias de la muerte de al menos 121 personas, incluidos 4 policías, durante una redada que tuvo lugar el 28 de octubre de 2025 en Río de Janeiro, Brasil, señaló hoy Human Rights Watch. La incursión afectó a barrios de bajos ingresos, donde la población está compuesta principalmente por personas negras.
La policía no actuó para preservar los lugares donde ocurrieron los hechos, pese a que este es un paso sumamente importante para determinar las circunstancias del fallecimiento de una persona. Un experto forense de Río de Janeiro dijo a Human Rights Watch que, por lo que se sabe, los forenses —que forman parte de la policía civil del estado de Río de Janeiro— no han realizado un análisis del lugar de los hechos en ninguno de los casos de muerte. Un fiscal del estado indicó que su fiscalía está aguardando que se confirme el dato, pero que tienen la misma información.
“Las familias de las personas que murieron en la redada del 28 de octubre, incluidos familiares de policías, merecen conocer las circunstancias del fallecimiento de sus seres queridos”, señaló César Muñoz, director para Brasil de Human Rights Watch. “Estamos sumamente consternados debido a que no se cumplieron pasos de investigación esenciales y a que, probablemente, ya se hayan perdido pruebas importantes”.
En la madrugada del 28 de octubre, cerca de 2.500 policías militares y civiles fuertemente armados, apoyados por vehículos blindados y helicópteros, ingresaron en los extensos barrios de Alemão y Penha, en un operativo contra una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas de Brasil. Se produjeron intensos enfrentamiento armados, que se extendieron durante horas.
Más tarde ese mismo día, las autoridades dijeron que habían muerto 64 personas, entre ellas 4 policías. Al día siguiente, las personas que viven allí encontraron decenas de cuerpos más en una zona boscosa.
El secretario de la policía militar expresó en una conferencia de prensa que la policía había provocado que miembros del grupo delictivo huyeran hacia la zona boscosa. La policía sabía que esta era utilizada habitualmente por miembros de bandas como ruta de escape. En la cima de los cerros, la unidad de élite de la policía militar, conocida como BOPE, había instalado lo que el secretario describió como un “muro” formado por agentes que aguardaban a los presuntos miembros de pandillas que huían.
Una residente contó a la prensa brasileña que su hijo le envió su ubicación y le dijo que quería entregarse, pero que temía que la policía lo matara. Su cuerpo fue encontrado posteriormente en la zona boscosa.
El experto forense indicó que creía que la policía había recogido las armas que estaban en manos de las personas que murieron allí y que luego se fueron del lugar.
En la mañana del 29 de octubre, varios residentes fueron a la zona boscosa y recuperaron decenas de cadáveres, que trasladaron hasta una plaza en la favela de Penha. También llegaron periodistas a la zona boscosa y encontraron evidencias importantes sin ningún tipo de vigilancia, incluidas manchas de sangre, casquillos de balas y ropa.
“Reconocemos las dificultades que son propias de una zona boscosa, pero la falta de control sobre la preservación de lugar es sorprendente”, opinó el Procurador General del estado de Río de Janeiro.
El secretario de la policía civil, que es el titular de la fuerza estatal que se ocupa de investigar delitos, declaró que se había abierto una investigación sobre las personas que trasladaron los cuerpos para determinar si hubo manipulación de pruebas, y acusó a esas personas de quitarle la ropa a los cuerpos. Sin embargo, los residentes pudieron llegar hasta donde estaban los cadáveres justamente porque la policía no protegió el lugar donde ocurrió el enfrentamiento armado, explicó Human Rights Watch.
El experto forense dijo a Human Rights Watch que las autoridades de la policía civil no enviaron a forenses para que examinaran la escena del crimen. El análisis del lugar donde ocurre un crimen debe llevarse a cabo incluso si ya se ha retirado un cuerpo, dado que puede haber otras pruebas en el lugar.
Además, no se envió a expertos en criminalística a la plaza a donde los residentes habían trasladado decenas de cadáveres, comentó el forense. Esta fue otra falla importante de la investigación, apuntó Human Rights Watch.
La presencia de forenses en la plaza habría permitido que se tomaran fotografías y se recabaran pruebas, incluidas muestras de residuos de disparos, que puedan determinar si la persona disparó un arma. Este residuo se pierde al manipular un cuerpo, por ejemplo, mientras se lo traslada.
Los bomberos recogieron los cuerpos de la plaza y los llevaron a la morgue. Si bien los médicos forenses están llevando a cabo autopsias, hay preocupación por la falta de personal suficiente y la infraestructura deficiente, como así también por la baja inversión crónica en los servicios forenses del estado.
La Defensoría Pública del estado señaló que la policía civil no permitió que su personal estuviera presente durante las autopsias. Varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Human Rights Watch, pidieron el 30 de octubre al Procurador General de Río de Janeiro que se asegurara de que estuviera presente un representante de las víctimas durante las autopsias. Pero eso no se ha cumplido.
El Ministerio Público de Río de Janeiro dijo haber enviado a la morgue a sus forenses y a un fiscal.
La policía indicó que había incautado 118 armas. Estas armas deberían haberse preservado en una cadena de custodia rigurosa, dentro de bolsas selladas, y enviadas para su análisis forense con el fin de identificar huellas dactilares y realizar pruebas de balística. En vez de eso, la policía civil mostró las armas a la prensa. En notas transmitidas por televisión se muestra a policías, e incluso periodistas, manipulando armas y otros equipos confiscados sin usar guantes.
En un fallo de 2017 sobre un caso en Río de Janeiro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Brasil garantizar que los abusos policiales sean investigados por “un órgano independiente y diferente de la fuerza policial involucrada en el incidente... asistido por personal policial, técnicos de criminalística y administrativos ajenos al cuerpo de seguridad al que pertenezca el posible imputado o imputados”.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha dictaminado que el Ministerio Público debe impulsar investigaciones siempre que exista la “sospecha” de que hubo participación de agentes del orden público en una ejecución ilegal. La decisión del Supremo Tribunal enfatizó la importancia de preservar adecuadamente la escena del crimen para reunir pruebas en el lugar.
El tribunal también ordenó a la policía de Río de Janeiro que usara cámaras corporales. No obstante, el secretario de la policía militar declaró ante periodistas que es posible que las baterías se agotaran durante la operación y que “se hayan perdido imágenes”.
La Resolución 310, adoptada por el Consejo Nacional del Ministerio Público el 29 de abril de 2025, estableció que el Ministerio Público debe iniciar investigaciones penales sobre todas las muertes causadas por la policía. Señaló que, en esta labor, pueden contar con la asistencia de forenses externos a la fuerza policial a la que se investiga. La resolución establece que los fiscales deben asegurar la integridad de la cadena de custodia de las pruebas y que las investigaciones deben atenerse al Protocolo de Minnesota, un conjunto de directrices internacionales que el Supremo Tribunal también menciona en su decisión.
El 30 de octubre, el Ministerio de Justicia anunció que enviaría a 20 forenses de la policía federal para que colaboraran con los análisis de balística y del lugar de los hechos, así como en las autopsias.
En 2024, la policía de Río de Janeiro mató a 703 personas, según surge de datos oficiales. La policía también causó la muerte de otras 470 entre enero y agosto de 2025. Entre los fallecidos en 2024, el 86 % eran personas negras.
“Las autoridades brasileñas deben asegurar que haya una investigación oportuna, exhaustiva e independiente de cada una de las muertes, así como de las decisiones y la planificación que dieron lugar a una operación tan desastrosa”, apuntó Muñoz. “Este caso pone de manifiesto la necesidad urgente de que el gobernador de Río de Janeiro presente un proyecto de ley para separar a los servicios forenses de la policía civil e invertir en análisis de criminalística independientes y de calidad, ya que son una parte clave de toda investigación penal, y no solo de los casos de muertes a manos de policías”.
